Desde la CEEA acompañamos y apoyamos a los productores cordobeses, mendocinos, puntanos, pampeanos, santafesinos y de todo el país en su trabajo diario y remarcamos la necesidad (y el derecho constitucional) a que se permita el libre tránsito de los productores entre las jurisdicciones del país.


En este sentido, consideramos que las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos previstos en nuestra Carta Magna, que exceden al sector agropecuario -cuya actividad fue declarada esencial- porque los productores no tienen acceso a sus campos, pero tampoco los ciudadanos de los pueblos limítrofes pueden trasladarse a sus puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos o asistir a familiares enfermos, por mencionar solo algunos casos.


Alarma aún más que esto se sostenga en el tiempo, ante la falta de respuesta de un gobierno nacional que no ha intercedido decididamente, pese a ver cómo la situación empeoraba a medida que pasaron los meses, y las condiciones de afectación a las personas se tornaron insostenibles. El sistema representativo, republicano y federal prevé que el gobierno central no haga la vista gorda ante estas situaciones, que pueden derivar en crisis profundas entre las personas.


Por todo esto, ante los sucesos de público conocimiento y la movilización que realizarán los productores agropecuarios a raíz de que se les impide desarrollar su trabajo y su vida normal en la provincia de San Luis, desde la CEEA acompañamos dicha movilización y bregamos para que se llegue a un acuerdo y se defina un protocolo de ingreso que la provincia cumpla. Sin dudas, apoyamos la voluntad de los productores y de todos los ciudadanos de transitar y llevar adelante sus tareas, tanto como el derecho constitucional a trabajar y acceder a sus establecimientos para cuidar de los mismos.


Finalmente, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hemos pedido a los funcionarios de todos los niveles, en reiteradas oportunidades, que se habilite y asegure el tránsito interjurisdiccional en todo el país.

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