En el discurso de su asunción, el 10 de diciembre de 2019, el Presidente de la Nación Alberto Fernández afirmaba que “la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas”. Estas palabras abrieron esperanza de un economía mucho más civilizada, en el sentido de Stefano Zamagni esto “significa que es más previsor y también menos dispendioso ser competitivos cooperativamente que ser conflictualmente competitivos”. Si revisamos a cualquiera de las economías que los argentinos admiramos (por ejemplo: Alemania, Francia, Finlandia, Suiza, Austria, Países Bajos, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Italia, España, Noruega, Nueva Zelanda) en esas estructuras el sector cooperativo tiene mayor participación que en nuestra economía, y eso básicamente significa que si queremos una economía ágil o sostenible requerimos de más participación de las empresas cooperativas, que son de hecho eficientes y competitivas, sin dejar de cumplir su fundamental rol social.


Lógicamente que mi opinión, que es personal y no institucional, está condicionada por el ámbito en que me desarrollo como profesional que es el cooperativismo agropecuario, pero este artículo no trata sobre la política agropecuaria en general sino sobre la política particular hacia las cooperativas agropecuarias, que es un tema de vital importancia ya que ellas cumplen, en algunos casos hace más de un siglo, el rol vital y dinamizador de proteger, ayudar y promocionar al micro, pequeño y mediano productor agropecuario.

Los gestos no han sido pocos en estos seis meses, marcados por dos sucesos macro: el Covid-19 y la
negociación de la deuda. En primer lugar, el nombramiento de Mario Cafiero en el INAES, por caso, expresa en gran medida la importancia política que se le quiere dar al sector, que se ve confirmado con un directorio con los presidentes de las entidades más representativas.


Asimismo, el traspaso del Instituto al área del Ministerio de Desarrollo Productivo (Decreto 157/2020) es una medida positiva que acerca el organismo que regula las cooperativas a una cartera política con competencias gubernamentales más afines, en esencia, a la realidad del cooperativismo agropecuario. Además hace justicia ya que originariamente la promoción del sector estuvo vinculada al Ministerio de Agricultura a través de la figura de Domingo Borea y no a Desarrollo Social como en las últimas décadas. En la cartera que conduce Matías Kulfas se comparte el espacio con la SEPYME, que tiene mucha implicancia con el cooperativismo de producción y a su vez tiene una deuda con las cooperativas más importantes del sector agroindustrial, al no evaluarlas por su naturaleza jurídica cuando su rol y finalidad institucional es decididamente la protección de los pequeños y medianos productores agropecuarios coincidentemente con los objetivos de dicha Secretaría, con la cual se ha tenido un diálogo técnico avanzado, a su vez que esperamos los cambios necesarios en la Resolución 220/2019.


En cuanto al encuadre dentro de la SEPYME aparece un problema anexo con respecto al fomento financiero de los diferentes estamentos, que generalmente se concentran el esfuerzo gubernamental en las entidades con el certificado Mipyme (Comunicación BCRA A 6858 del 9/1/2020 y Resolución 187/2019 de Superintendencia de
seguros ) excluyendo a la Economía Social de estas medidas, generando un perjuicio a muchas entidades de la economía social y particularmente de las cooperativas agropecuarias con mayor cantidad de productores pymes asociados y más extendidas en sus servicios.

En otro orden, en materia impositiva, estos primeros seis meses de gestión a nivel nacional, incluyó a uno de los mejores hitos del semestre, al ser admitidas las cooperativas en la moratoria como “entidades civiles sin
fines de lucro” (Ley N° 27.541 art. 8). Ante esto, considero puntualmente que el esfuerzo de Mario Cafiero frente a la AFIP no ha sido lo suficientemente valorado ya que el grueso del sector agro cooperativo no necesitaba acogerse a dicho beneficio que tenía como foco principal una entidad Láctea, pero principalmente no se ha visualizado el impacto indirecto del reconocimiento de parte de la agencia de recaudación de que nuestras entidades se han constituido como organizaciones sin fines de lucro. Y el dato no es menor, ya que no solo crea conciencia gubernamental sobre el absurdo de ser gravados con el impuesto de ganancias sino que además en varias provincias el acto cooperativo está ilegalmente gravado con ingresos brutos cuando la Ley de coparticipación exige que solo sean entidades con fin de lucro (Ley 23548, art.9 inc.b.1).

En tanto, también en el ámbito de las provincias, hay un dispar cumplimiento de los objetivos del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Creado por la LEY Nº 23.427) y esto se ve reflejado en el desigual desarrollo del sector cooperativo en los diferentes distritos, en ese sentido resulta apetecible que todas las provincias implementen en todos los estamentos la educación cooperativa y establezcan sistemas eficientes de fomento del cooperativismo, volcando la totalidad de recursos al propio sector que lo aporta.

Por último y vinculado a la comercialización de productos cooperativos, el INAES ha tomado la posta con respecto a la creación de un catálogo de productos de la Economía Social, que a fin del año pasado había comenzado a trabajar CONINAGRO, y junto con la Cancillería y por iniciativa a principio de este año de COOPERAR, se empieza a elaborar la oferta de productos cooperativos exportables. Estas iniciativas, que aún están en su génesis, una vez desarrolladas pueden ser instrumentos complementarios de los departamentos de comercialización de productos cooperativos.

Los logros de los objetivos gremiales para cualquier sector, son una combinación metodológica de objetivos claros, perseverancia en circunstancias adversas que al mismo tiempo son una preparación de los tiempos oportunos. En resumen, las palabras citadas al comienzo de esta columna, del discurso inaugural del Presidente, nos hacen repensar que estamos en tiempos oportunos de una la política positiva hacia las cooperativas agropecuarias, si bien el periodo transcurrido es corto, ha sido suficiente como para decir que los en los diferentes estamentos se han confirmado con gestos, de escucha atenta y en algunos casos más que eso, el lineamiento presidencial. Esperamos que los temas que se han planteado en este semestre se transformen en hechos de gestión en los próximos meses.

El autor es abogado, profesor en Teología y asesor jurídico en Coninagro. Autor de la tesis “Teología de la cooperación”.

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