Son muchas las cosas que necesita el hombre de campo para seguir invirtiendo, por caso, casi 18.000 millones de dólares anuales en las cosechas agrícolas, como surgió del trabajo recientemente presentado por la Comisión de Enlace en base a un relevamiento del movimiento CREA financiado por el Fondo Federal Agropecuario.
         Así, como las entidades pudimos llegar a coincidencias hasta dejar sentado este fideicomiso, que ya comienza a mostrar sus frutos, creemos que en varios temas podemos estrechar vínculos que nos permitan destrabar una sensación de que las políticas públicas efectivas son realmente escasas y se está lejos de mejorar la situación. Decimos siempre que el sector agropecuario necesita previsibilidad, sostenibilidad y recursos, para poder iniciar sus ciclos productivos sin problemas.
         Ya hemos dicho que las políticas comerciales e impositivas deben reformularse con certeros incentivos a la producción. A esto se deberían sumar herramientas para satisfacer la necesidad de financiamiento, especialmente para pequeños y medianos productores.
         Creemos que tendiendo puentes de diálogo y consenso se puede alcanzar un enfoque más amplio con miras a insertar nuestros requerimientos y necesidades en las políticas públicas, en áreas de decisión política, económica, medioambiental y social. En efecto, a través de un consenso amplio se puede lograr un equilibrio frente a demandas que se extienden desde la lucha contra la corrupción, hasta aspectos como la educación y a la justicia, el pluralismo de los medios de comunicación, el funcionamiento del Parlamento y la gestión de las cuentas públicas y de los recursos naturales.
         Como dirigentes del campo nos planteamos entonces la necesidad de avanzar en acuerdos de largo plazo principalmente sobre las diferencias particulares en política agropecuaria. Urge un acuerdo, que va más allá del gobierno o de cualquier intencionalidad política, económica o gremial. Es necesario un acuerdo de ciudadanos del ámbito rural, para luego avanzar hacia la clase dirigente. Una clara convergencia que pueda establecer prioridades frente a la coyuntura emergente.
         Nuestra sociedad y nuestro sector necesita tomar conciencia de que sólo habrá logros estables a través del camino del diálogo y del consenso, con lineamientos a favor del bien común, si tenemos particularmente en cuenta a quienes han sido marginados y excluidos de las políticas públicas. Cuando priman los intereses particulares sobre el bien común, indefectiblemente crece la pobreza, la marginalidad, todo lo indeseado.
         Un consenso claro permitirá devolver la viabilidad al productor, lo que significaría generarle condiciones de arraigo e inclusión social. No podemos aceptar que en el país de la leche, la carne y el pan haya gente que esté pasando hambre o padecimientos. Y mucho menos que en un país con condiciones favorables para la siembra, hayamos perdido producción de trigo, carne y, peor aún, que hayan desaparecido 57 mil productores.
         Como cooperativistas entendemos más esta aspiración sectorial de tender puentes con otros sectores y otras entidades para que, mediante un diálogo constructivo, podamos plantear un nuevo paradigma del sector agropecuario o bien podamos construir un nuevo escenario productivo. En efecto, creemos que es necesario un nuevo esquema de producción que contemple una atomización de actividades, las que cada una hoy por su lado, constituyen un caudal de mano de obra activa y de recursos volcados por el campo hacia el país.
         Frente a estas circunstancias instamos a todos quienes creen en un nuevo modelo de producción agroindustrial a sumar sus ideas en pos de mejorar la calidad de vida de todos los hombres y mujeres que habitan el interior profundo de nuestro país.
         
         
         
         

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