La sequía que afectó a gran parte del país reavivó una de las muchas asignaturas pendientes que las políticas públicas tiene con los ciudadanos de nuestra tierra.
   La necesidad de una política agropecuaria integral, que contemple la cuestión comercial, impositiva y financiera es una repetida demanda de nuestro sector rural. No obstante, mientras se definen aspectos más generales, consideramos que deberían cubrirse problemas coyunturales que operen en beneficio de nuestra actividad.
   Cada problema derivado de la cuestión climática trae consigo una revisión de las actividades que podrían haberse cubierto, de lo hecho y de lo que falta realizar para evitar nuevos perjuicios. Años discutiendo hasta definir una Ley de Emergencia que finalmente está vigente pero que, dado la magnitud de la afección, no alcanza a satisfacer las necesidades. Si Argentina tuviera un fondo anticíclico para morigerar las falencias en época de crisis, la planificación y la previsión serían moneda corriente. La idea de que en la época bonanza hay que guardar para cuando llegan tiempos difíciles no es nueva, pero al productor le cuesta asumir la necesidad de implementar un sistema que evite la desesperación cuando los valores internacionales caen, la lluvia arremete o la sequía acecha. Otros países lo tienen y les ha permitido avanzar, con su idiosincrasia, para sortear emergencias y desastres climáticos.
   Contar con el respaldo de un fondo – aunque se llame de otra forma – permitiría acciones variadas que pos de una mejor situación del productor agropecuario. Ni más ni menos, alcanzar al productor con recursos superiores a los del fondo actual, que lleguen en tiempo, y forma ágil, transparente y eficiente.
   La reciente emergencia agropecuaria que profundizó la crisis en la gran mayoría de las zonas de producción, generó un mecanismo de ayuda estatal que debió superar, en montos disponibles, el valor destinado a la emergencia.
   Hubo reconsideración de parte del Estado a fines de adecuar recursos frente a una demanda que se fue generalizando en la misma proporción que se extendió el fenómeno climático. No obstante, que se haya decidido llegar a los productores, a través de las cooperativas, quienes son un canal de aval de acceso al crédito, no puede dejar de considerarse una legitimación del movimiento cooperativo, que promulgamos desde CONINAGRO hace 56 años. Esta acción consolida el rol de las cooperativas que permanentemente acuden en ayuda de sus productores, amortiguando las pérdidas, acompañando en la logística y apoyando en cada contingencia negativa; especialmente para aquellos productores que no han consolidado un financiamiento en el sistema institucionalizado (no bancarizados), y demostrando una vez más que el movimiento cooperativo es solidario, y ha enraizado los principios de solidaridad y ayuda mutua.
   En definitiva, urgen acciones que permitan comenzar a trazar caminos de soluciones, más previsibles y sustentables, en pos de mejorar las condiciones de vida del productor agropecuario cooperativo.